Si Musk no cumple en 24 horas, esto afectará a 20 millones de brasileños.
Pero, ¿cuáles son los antecedentes del conflicto?
Censura contra la polarización
La campaña para proteger la democracia lleva más de un año gestándose en Brasil, siendo el juez Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF), el máximo sentenciador.
Esto tras los sucesos del 2023, donde 4 mil simpatizantes del expresidente y dictador Jair Bolsonaro pidieran la intervención militar mientras vandalizaban las tres sedes de gobierno.
Los sitios donde se planeó el ataque, dijo el juez, fueron X y Telegram —que ya está cerrada en Brasil—, semilleros para la polarización política, discursos manipuladores, desinformación e incitación a la violencia. Así, ha dado órdenes de cerrar cuentas de “revoltosos” y a bajar publicaciones de este tipo.
Sin embargo, el pasado 6 de abril, Musk dio un comunicado donde prometía levantar las restricciones judiciales para luchar contra la censura.
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Estas fueron las consecuencias
Moraes le abrió una investigación por obstruir a la justicia y por llamar a la desobediencia. Además, por la posible financiación de “milicias digitales antidemocráticas” por parte de Musk.
El 17 de agosto, el magnate señaló al juez por amenazar con detener al representante legal de X si seguía sin cooperar, por lo que, dos días después, cerró sus oficinas en Brasil, mas no los servicios de X.
La respuesta de Moraes fue un fallo que lo deja con poca salida. Este se publicó el 29 de agosto en la cuenta de X del Supremo Tribunal Federal (STF) y pedía a Musk que nombrara a otro representante legal en un plazo de 24 horas, pues en la legislación brasileña, una empresa extranjera debe tenerlo para que garantice el cumplimiento de la ley.
Es decir, si nombra a uno nuevo, este va a tener que cooperar, aunque Musk no lo quiera. Si se niega, suspenderá X, pudiendo derivar en su cierre definitivo.
